Salud se reunió con la Defensoría del Público para promover la producción de información veraz y de calidad sobre COVID-19
La jefa de Gabinete del ministerio de Salud de la Nación, Sonia Tarragona, y la secretaria de Acceso a la Salud, Sandra Tirado, se reunieron con la Defensora del Público, Miriam Lewin y equipos técnicos para articular acciones en pos de promover la producción de información veraz y de calidad sobre COVID-19 en el contexto de la segunda ola.
«La comunicación es una dimensión muy importante en el contexto de la pandemia y por eso nos parece fundamental poder articular respuestas conjuntas con los organismos competentes para establecer un diálogo fluido con los medios de comunicación y construir mensajes claros, precisos y oportunos para la toma de decisiones de las personas en este momento difícil», sostuvo Tarragona y recordó que en 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) había advertido sobre el fenómeno de la infodemia y las fake news.
Durante el encuentro, el organismo que depende del Congreso nacional, puso a disposición de la cartera sanitaria información sistematizada sobre más de 400 denuncias recibidas relacionadas a desinformación o contenidos difundidos por medios de comunicación que podrían resultar perjudiciales para la salud colectiva en el marco de la pandemia.
«Las audiencias manifiestan su preocupación por la difusión de información no chequeada y de matiz conjetural, que tensiona con las disposiciones sanitarias vigentes, y que puede promover actos nocivos para la salud», expresó Lewin y agregó que «también la difusión de información sesgada y carente de validación científica, que propicia la puesta en riesgo del cuidado de la salud de las audiencias en el marco de la pandemia».
La Defensoría del Público ordenó los reclamos en tres ejes: desinformación en materia de medidas oficiales de prevención de la COVID-19; desinformación en materia de vacunas y operativo de vacunación, y publicidades donde no se respetan las medidas de prevención de la COVID-19.
Entre los temas principales, sobresalen las mediatizaciones que promocionan el consumo de dióxido de cloro como cura de la COVID-19; emisiones que minimizan la gravedad y mortalidad de la COVID-19, y que señalan el carácter innecesario de las vacunas y de los tapabocas; que brindan información inexacta sobre las vacunas y los programas de vacunación y aquellas que deslegitiman y promueven la desconfianza sobre las políticas públicas de gestión de la pandemia y sobre las distintas medidas de prevención, atención y cuidado sanitario implementadas en el mundo.
Asimismo, las funcionarias coincidieron en destacar que en el marco de la pandemia rige la emergencia pública en materia sanitaria, dispuesta por la Ley 27.541, y prorrogada por el decreto 260/2020 y que a su vez se encuentra en marcha el Plan Estratégico para la vacunación contra la COVID-19 que implementa el Ministerio de Salud de la Nación junto a las 24 jurisdicciones, normativa que tiene la finalidad de proteger la salud de la población en el contexto de la peor epidemia mundial.
«La enfermedad por coronavirus (COVID-19) es la primera pandemia de la historia en la que se emplean a gran escala la tecnología y las redes sociales para ayudar a las personas a mantenerse seguras, informadas, productivas y conectadas. Al mismo tiempo, la tecnología de la que dependemos para mantenernos conectados e informados permite y amplifica una infodemia que sigue minando la respuesta mundial y comprometiendo las medidas para controlar la pandemia», declaró en septiembre de 2020 la OMS.
En ese contexto, consideró Tarragona, «nunca sobrarán los esfuerzos en la articulación de los distintos niveles del Estado para generar consensos sobre prácticas de comunicación saludables, que incluyan el chequeo de fuentes y la validación científica de la información que se brinda, teniendo por objetivo sensibilizar a la población pero con responsabilidad social».
De la reunión, participaron además Alejandra Iriarte, directora de Protección de Derechos y Silvana Frederic, subdirectora de Protección de Derechos de la Defensoría del Público.
«La comunicación es una dimensión muy importante en el contexto de la pandemia y por eso nos parece fundamental poder articular respuestas conjuntas con los organismos competentes para establecer un diálogo fluido con los medios de comunicación y construir mensajes claros, precisos y oportunos para la toma de decisiones de las personas en este momento difícil», sostuvo Tarragona y recordó que en 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) había advertido sobre el fenómeno de la infodemia y las fake news.
Durante el encuentro, el organismo que depende del Congreso nacional, puso a disposición de la cartera sanitaria información sistematizada sobre más de 400 denuncias recibidas relacionadas a desinformación o contenidos difundidos por medios de comunicación que podrían resultar perjudiciales para la salud colectiva en el marco de la pandemia.
«Las audiencias manifiestan su preocupación por la difusión de información no chequeada y de matiz conjetural, que tensiona con las disposiciones sanitarias vigentes, y que puede promover actos nocivos para la salud», expresó Lewin y agregó que «también la difusión de información sesgada y carente de validación científica, que propicia la puesta en riesgo del cuidado de la salud de las audiencias en el marco de la pandemia».
La Defensoría del Público ordenó los reclamos en tres ejes: desinformación en materia de medidas oficiales de prevención de la COVID-19; desinformación en materia de vacunas y operativo de vacunación, y publicidades donde no se respetan las medidas de prevención de la COVID-19.
Entre los temas principales, sobresalen las mediatizaciones que promocionan el consumo de dióxido de cloro como cura de la COVID-19; emisiones que minimizan la gravedad y mortalidad de la COVID-19, y que señalan el carácter innecesario de las vacunas y de los tapabocas; que brindan información inexacta sobre las vacunas y los programas de vacunación y aquellas que deslegitiman y promueven la desconfianza sobre las políticas públicas de gestión de la pandemia y sobre las distintas medidas de prevención, atención y cuidado sanitario implementadas en el mundo.
Asimismo, las funcionarias coincidieron en destacar que en el marco de la pandemia rige la emergencia pública en materia sanitaria, dispuesta por la Ley 27.541, y prorrogada por el decreto 260/2020 y que a su vez se encuentra en marcha el Plan Estratégico para la vacunación contra la COVID-19 que implementa el Ministerio de Salud de la Nación junto a las 24 jurisdicciones, normativa que tiene la finalidad de proteger la salud de la población en el contexto de la peor epidemia mundial.
«La enfermedad por coronavirus (COVID-19) es la primera pandemia de la historia en la que se emplean a gran escala la tecnología y las redes sociales para ayudar a las personas a mantenerse seguras, informadas, productivas y conectadas. Al mismo tiempo, la tecnología de la que dependemos para mantenernos conectados e informados permite y amplifica una infodemia que sigue minando la respuesta mundial y comprometiendo las medidas para controlar la pandemia», declaró en septiembre de 2020 la OMS.
En ese contexto, consideró Tarragona, «nunca sobrarán los esfuerzos en la articulación de los distintos niveles del Estado para generar consensos sobre prácticas de comunicación saludables, que incluyan el chequeo de fuentes y la validación científica de la información que se brinda, teniendo por objetivo sensibilizar a la población pero con responsabilidad social».
De la reunión, participaron además Alejandra Iriarte, directora de Protección de Derechos y Silvana Frederic, subdirectora de Protección de Derechos de la Defensoría del Público.
